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Reflexión sobre la tecnología

Con ocasión del aislamiento social obligatorio en la mayoría de países del mundo producto del Covid-19, ha calado aún más la idea de implementar políticas de digitalización de los servicios que presta el Estado; esto es, existe una necesidad, producto de las circunstancias, de implementar y perfeccionar diversas políticas de Gobierno Digital.

En lo que respecta a la Administración Pública, la experiencia comparada muestra una tendencia orientada hacia la digitalización de sus actuaciones. Por ejemplo, en el caso de España, la derogada Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, dispuso el uso de tecnologías de la información por parte de la Administración Pública a efectos de facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos. Dicha norma fue derogada por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece –actualmente- que determinados sujetos del procedimiento –tales como las personas jurídicas- se relacionen obligatoriamente a través de medios electrónicos con la Administración Pública. Adicionalmente, dicha ley reconoce el empleo de medios electrónicos en lo que respecta a los sistemas de firmas admitidos por las Administraciones Públicas, los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, entre otros. Por otro lado, en México, en el marco de la reforma constitucional del año 2013, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo reconoce aspectos de relacionamiento entre la Administración y el ciudadano respecto al uso de medios electrónicos para la presentación de diversos documentos. Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia también reconoce la realización de procedimientos y trámites administrativos por medios electrónicos, para lo cual establece una regulación básica de aquellos aspectos vinculados al particular, tales como el expediente electrónico, el acto administrativo electrónico y la obligación de que toda autoridad cuente con una dirección electrónica (lo que en dicha ley se denomina “Sede electrónica”).

La legislación nacional sigue la tendencia que se aprecia en otros países. Es así que, la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce la identidad sustantiva entre un procedimiento desarrollado por medios tradicionales y un procedimiento electrónico. Así, se reconoce la posibilidad de emplear Tecnologías de la Información y Comunicación para la tramitación de un procedimiento administrativo; pero, aunado a ello, se dispone el respeto de los principios, derechos y garantías del debido procedimiento (cuyo contenido se encuentra contemplado en el Título Preliminar de la LPAG). Adicionalmente, en el año 2018 se publicó el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. A través de dicha norma, el Estado Peruano pretendió establecer el marco general para el uso estratégico de las tecnologías digitales de la Administración Pública.

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos tener en consideración que la necesaria equivalencia funcional entre las actuaciones digitales de la Administración Pública y aquellas desarrolladas bajo los modos tradicionales está íntimamente vinculada a cerrar la brecha digital.

Al respecto, en el marco de una “Cuarta Revolución Tecnológica”, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU señala que la brecha digital “está basada en aspectos de acceso, pero también en los relacionados con el uso de las TIC”. Así, “se proponen tres tipos de brecha digital: la de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no; y las de la calidad del uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios”.

Lo anterior aplicado al caso peruano supone que las políticas de Estado, en el corto plazo, apunten a cerrar la brecha digital a efectos de garantizar la posibilidad que tiene el ciudadano de relacionarse con la Administración Pública por vía electrónica. Sobre el particular, es necesario tener en consideración el Informe Técnico del INEI “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”, correspondientes al segundo trimestre del año 2019, que refleja que menos del 50% de hogares del país cuenta con internet, mientras que, de otro lado, el 80% de la población accedió a internet por celular.

Bibliografía de referencia:
Revista de Administración Pública N° 140. “TICs y Gobierno Electrónico”. Instituto Nacional de Administración Pública. México D.F. Año 2017

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