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Reflexión sobre la relación del debido procedimiento y el interés público

Esta breve nota brinda una reflexión sobre la relación del debido procedimiento y el interés público, a vistas de un caso en particular: el caso de la «embarcación pirata más grande del mundo» Damanzaihao.

Los relacionados a esta rama del Derecho sabemos de sobra que el debido procedimiento administrativo es uno de los principios que vertebran el procedimiento administrativo, vía por la que se han de viabilizar interés públicos de la mano del respeto a diversos interés particulares, lo complicado de esto es que se suele olvidar la segunda parte de esta ecuación en diversas sedes administrativas.

Pues bien, hace ya algunos días se hizo conocida una noticia relacionada a la embarcación ya mencionada, el medio de prensa relataba el ocaso de una lucha judicial entre los representantes de una poderosa empresa pesquera y las sedes judiciales en lo penal. Más allá de lo relevante que pueda ser el resultado de aquella disputa, destacaba a la vista que la disputa también había sido vista en sede administrativa, en concreto en los órganos de sanción del Ministerio de la Producción.

Las resoluciones son varias y el destino de cada una, distinto, sin embargo, a efectos de este post hablaremos de 3 de estás, ya no en lo sustancial, pues ello requeriría mayor espacio del aquí permitido, sino en el aspecto más formal del asunto, en particular, algunos puntos relativos al desarrollo del procedimiento administrativo en esas resoluciones.

La resolución de primera instancia 217-2015 sanciona por 3 tipos a la empresa Sustainable Fishing Resources SAC, esta resolución fue apelada y la segunda instancia, el CONAS emitió una resolución con algunos extremos debatibles en lo referido al debido procedimiento y sus conceptos base. Uno de esos puntos fue la declaración de nulidad de oficio de algunos de los extremos de la recurrida, cuestionable pues resulta difícil entender como la resolución de una apelación requiere de una nulidad de oficio, siendo que justamente el objeto de la apelación es la evaluación de los vicios y posible nulidad del acto. Más cuestionable aún si tomamos en cuenta que la misma resolución afirma que tal como lo determinó la DGS, la empresa infringió lo dispuesto en la norma tipificadora, entonces, si no habían vicios de fondo, ¿era plausible la nulidad? El vicio causante de la nulidad de acuerdo a la resolución de la segunda instancia fue un mal cálculo en la determinación del monto de la multa.

Admitamos, sin embargo, que estos vicios encuentren alguna justificación. Empero, lo que parece mucho más difícil de justificación es la nulidad de oficio de las dos resoluciones aludidas por una posterior.

Veamos, luego de la emisión de la resolución de segunda instancia, mediante diversos escritos, la sancionada solicita la nulidad de oficio. Cómo sabemos una solicitud como esta puede ser o no amparada, pues en el fondo es ya una petición graciable, al haber quedado agotada la vía administrativa. Pese a ello, se admitió y la misma segunda instancia resolvió, declarando la nulidad de oficio y ordenando retrotaer todo al momento incial, lo que es otro vicio pues, si declaró la nulidad, y tenía los elementos para resolver, ¿Cuál era la necesidad de devolver todo a primera instancia?

Aunado a ello, recordemos que uno de los deberes de las AP en el manejo de los procedimientos sancionadores es no solo resolver atendiendo a los derechos y garantías del administrado, sino que también, como toda AP no puede perder de vista el interés público subyacente, y, en el caso de la embarcación Damanzaihao, el interés público resultaba de harta importancia; se obvio decir, pero ya toca: Está embarcación es la más grande del mundo por su capacidad de almacenamiento, procesamiento interno, congelamiento y traslado en materia de pesca, gracias a ello es conocida por sus actuaciones ilegales en alta mar, está además en el listado de la OROP-PS como una de las más, sino la más peligrosa de las embarcaciones de pesca ilegal, entonces, si bien siempre resulta difícil aquilatar como proteger el interés público en un caso determinado, existen casos, como este, en el que la protección de este interés resulta más evidente, en consecuencia, en los procedimientos de nulidad de oficio se deben de tener muy en cuenta estos datos de la realidad para que dicha nulidad pueda determinarse, y aún más a vistas de que el caso ya había sido visto en primera y segunda instancia..

En la resolución señalada, la tercera, se declararon nulas de oficio ambas resoluciones y el agravio al interés público alegado, que como sabemos es un requisito para las nulidades de oficio, fue la vulneración del principio de legalidad y del debido procedimiento, pues no se habrían valorado adecuadamente los medios probatorios.

Esta es una nota jurídica y no pretende estimar culpables o responsabilidades, su único fin es notar determinadas (posibles) irregularidades que sirven de ejemplo, que intenta llamar la atención en la estrecha relación que existe entre el debido procedimiento y el interés público, una vez más, un debido procedimiento y el Derecho Administrativo en su conjunto, no pueden dejar de lado los interés generales, y estimar que es su único fin la protección de los intereses de los particulares.

~herus.

https://ojo-publico.com/2030/sancion-empresa-por-pesca-ilegal-en-manos-de-la-corte-suprema

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