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La revisión de la debida motivación en la anulación de laudos arbitrales

Patricia E. Potokar Orihuela

INTRODUCCIÓN

Cuando el Estado contrata con un particular el cumplimiento de las prestaciones de ambas partes, es la máxima situación esperada. Sin embargo, sucede que esta situación no muchas veces se logra concretar, ante lo cual y por la importancia que evoca estos procesos, el Estado ha respondido ante ello estableciendo tres métodos de solución de controversias (Conciliación, Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas para el caso de obras).

En el presente trabajo abordaremos un tema en específico del Arbitraje, consistente en la revisión a la aplicación de la motivación en los cuestionamientos a los laudos arbitrales vía recurso de anulación.

En ese sentido, en el caso de nuestra regulación, es preciso señalar que una vez llevado a cabo el proceso arbitral, la decisión tomada por el Árbitro, de acuerdo al artículo 59º del D.L. N° 1071 será “definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento” produciendo efectos de cosa juzgada y, señalando claramente que contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación, el cual tiene por finalidad la revisión de su validez y NO sobre el fondo de la decisión, como lo prescribe el artículo 62º del Decreto Legislativo, negándose conforme a ello a que a la autoridad judicial reabra la controversia de fondo o cuestione los criterios utilizados por los árbitros.

Ahora bien, si bien es cierto la normativa también señala que la decisión tomada por el Árbitro debe ser motivada, sucede en muchos casos por razones de desconocimiento o por intereses ocultos, se llegan a emitir laudos que evidentemente atentan contra toda lógica jurídica, pero que al fin y al cabo han sido “motivadas”, y ante lo cual, la parte que resulte afectada verá gravemente vulnerado su derecho que, sumado a ello, en virtud a lo dispuesto en el artículo 62º de nuestra normativa no se podrá cuestionar la decisión tomada en el Arbitraje.

Como se observa, tales circunstancias producen un estado de indefensión absoluto para los actores jurídicos que se encuentran relacionados. Y que ante esta situación podríamos señalar a priori que mediante la jurisdicción arbitral no podría exigirse hacer efectivo el debido proceso, específicamente para nuestro estudio, de gozar de una decisión debidamente motivada, ya que su cuestionamiento estaría proscrito por nuestra normativa.

Al respecto, no es posible negar que, en los últimos tiempos, en nuestro país, las dudas nacidas en relación a la posibilidad de invocar la ausencia de una motivación adecuada como causal para pedir la anulación de un laudo arbitral, han originado la multiplicación de recursos de anulación basados, justamente, en la alegación de este tipo de vicios en las decisiones arbitrales. Por lo que no resulta exagerado afirmar que la ausencia de una debida motivación se ha convertido en la principal causal de anulación invocada en Lima como así ha sido desarrollado en el estudio hecho por Gino Rivas Caso.

Así, de acuerdo a Gino Rivas Caso, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, adjunto de la docencia del curso de Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución en la misma casa de estudios, expuso en el I Seminario de Contratación Pública y Arbitraje con el Estado[1], que hasta el 2017 se han emitido 821 sentencias donde en un 75 % participó como una de las partes el Estado Peruano y que dentro del universo de estas sentencias un 59% de ellas, esto es, 485 sentencias, se pidió la anulación de laudo por defecto de motivación de los Árbitros.

Es en razón a ello, que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, ha establecido que en tanto el arbitraje es una jurisdicción reconocida por la Constitución, esta debe recoger los principios constitucionales para toda administración de justicia, indicando pautas orientadoras respecto a qué es lo que debe contener el proceso arbitral, señalando enfáticamente que: “(…) la naturaleza de la jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia”, por lo que, si bien es cierto el arbitraje se encuentra regulado conforme a una ley, no es posible pensar que esta o alguna ley pueda estar encima de la Constitución.

No obstante, en base a los criterios señalados por el Tribunal Constitucional, tampoco podría permitirse que con la finalidad de cautelar la exigencia de una debida motivación se de libertad al poder judicial de poder revisar la decisión o interpretación llevada a cabo por el Árbitro o Tribunal Arbitral, porque con ello indirectamente se estaría configurando una doble instancia, la cual dentro de la figura del arbitraje ésta no estaría permitida, vulnerando con ello la seguridad jurídica que sería percibida por los justiciables.

Pues bien, en la presente investigación abordaremos dos casos en específico donde llama la atención lo resuelto por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima pertenecientes al expediente Nº 282-2015 y el expediente Nº 00238-2012, así como la Casación Nº 2391-2013-LIMA de fecha 22 de noviembre de 2013 donde advertimos que la autoridad judicial a criterio nuestro vulneró gravemente el principio de no revisión del fondo del asunto, no limitándose a evaluar si existía algún tipo de motivación en el laudo, llegando a ingresar a su contenido para modificarla y calificarla.

Razón por la cual, en este contexto a fin de comprender los alcances de la revisión del poder judicial a los laudos arbitrales en cuanto a la motivación realizada dentro de ella, cabe formularnos la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los criterios aplicados en la revisión del principio de la debida motivación en los cuestionamientos de anulación del laudo?.

(1) SEMINARIO del Circulo de Arbitraje del Estado (I: 2017: Lima: Perú) de Contratación Pública y Arbitraje con el Estado llevado a cabo por el 16 y 17 de junio de 2017.

DESARROLLO

A efectos de dilucidar y dar respuesta a nuestra problemática descrita, es menester realizar un examen de algunos puntos desarrollados doctrinariamente respecto al tema en cuestión, ello debido a que de esta manera nos acercaremos a dar una aproximación de una correcta aplicación de la debida motivación en los arbitrajes.

Para ello debemos comprender que en el mundo del derecho, el Arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual las partes acuerdan designar a un tercero para que resuelva un conflicto contractual.

Ahora bien, si bien el Estado, mediante el Poder Judicial, tradicionalmente buscará dar solución a las controversias, sucede que este poder ha sido ampliamente superado en su capacidad de gestión para brindar soluciones de manera eficiente ello debido a que existe un gran número de justiciables que demandan soluciones a sus conflictos. En ese sentido, dado que la materia de Contrataciones Públicas ha tomado en los últimos años una especialización en el tema, en nuestra realidad[1] se ha optado apostar por otro medio de solución de controversias denominado, Arbitraje, la cual se ha constituido como una “sustracción legalmente autorizada”[2].

Siendo ello así, podríamos señalar que las características más resaltantes de esta figura serían.

Acordar –mediante una clausula arbitral- llevar a cabo su controversia por un proceso diferente al seguido por el poder judicial, para lo cual podrán escoger la conformación de su tribunal[3], buscando a personas con gran expertis sobre el tema a resolver.

La existencia de una autonomía exclusiva de los árbitros para llevar a cabo el proceso, ya que ellos serán los encargados de evaluar los hechos y la aplicación del derecho en cada caso. Siendo ello así, uno de los puntos fuertes de gozar de esta autonomía es que la decisión final del árbitro gozará de una calificación de irrecurrible, esto es, contendrá un carácter definitivo, así como su cumplimiento espontáneo por las partes[4].

Facultad del Tribunal Arbitral[5] de examinar su propia competencia[6], sobre ello se ha señalado que el efecto más importante consiste en impedir o por lo menos limitar las interferencias de los tribunales ordinarios de justicia que, frente al derecho de los árbitros de decidir su propia competencia[7], la que solo puede ser objetada por causas específicas.[8] Sobre ello, la doctrina[9] ha identificado esta característica como el principio denominado competence-competence el cual tendrá un doble efecto sobre el acuerdo arbitral: El primero, un efecto positivo, consistente en el reconocimiento del poder, a favor de los árbitros, de dirimir toda controversia relativa a su propia competencia,  y como segundo efecto, uno negativo, consistente en que los árbitros son los primeros jueces de su competencia por lo que los jueces nacionales deberán remitir al arbitraje aquellas controversias derivadas de contratos que incluyan pactos o acuerdos arbitrales.

Pues bien, el Arbitraje, como medio alternativo de solución de controversias ha desarrollado una gran importancia en su estudio dentro de nuestro continente[10]. Así,  este mecanismo heterocompositivo[11] por regla general comprende que las partes previamente y de manera voluntaria decidirán someter sus futuras controversias ante un tercero que llevará a cargo la solución de su posible conflicto.[12]

Asimismo, un punto interesante a resaltar es la gran flexibilidad que se encuentra dentro del procedimiento arbitral, precisando que si bien las actuaciones arbitrales no serán necesariamente iguales a las actuaciones judiciales, ello no eximirá de velar por un proceso acorde al debido proceso y con ello acorde con nuestra Constitución, no dejando de lado las garantías procesales necesarias para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de quienes deciden acudir a tal figura[13].

Señaladas las características más resaltantes de esta figura, en la doctrina[14] se ha discutido mucho sobre su naturaleza jurídica y la repercusión que ello implica, llegándose a indicar que no es necesario perderse en cuanto a esta clasificación de teorías ya que se perdería su razón en sí misma.

Al respecto, hacemos nuestro el comentario realizado por González De Cossío[15]  cuando señala que esta discusión coadyuvará a los operadores jurídicos en las decisiones que se den en marco a esta figura, al comprender las soluciones legislativas y prácticas que definen sus alcances, como por ejemplo, la mayor o menor libertad que tienen las partes para definir los aspectos particulares del procedimiento arbitral y la procedencia de ciertos controles de índole jurisdiccional.

Razón por la cual, determinando el tipo de naturaleza jurídica del arbitraje se podrá evaluar los efectos de un sistema arbitral donde podrá encontrarse que sólo las partes son dueñas del proceso, limitando al Estado en su intervención, o en caso contrario, el Estado buscando ejercer su poder en solucionador de controversias pretenderá ingresar a fin de darle un control más exhaustivo a lo decidido.

Así, respecto a este tema se han establecido diversas teorías como la Teoría Contractualista del Arbitraje, la Teoría Publicista e incluso una teoría Ecléctica.

La tesis Contractualista,[16] consiste en comprender al arbitraje como un mero producto de las decisiones de las partes las cuales voluntariamente han plasmado en un convenio arbitral su decisión de que sus conflictos sean solucionados mediante un tercero -Tribunal Arbitral-, donde las decisiones que resulten de estos será obligatoria para ellos, debido a que así fue querido desde un inicio al suscribirse la cláusula arbitral con la finalidad de que sus controversias no sean conocidas por el Poder Judicial como tercero solucionador de controversias, y razón por la cual se ha equiparado con ello al Arbitraje con la figura de la Transacción la cual ocurrirá antes del inicio de un proceso.

Por lo que conforme a esta visión[17] el arbitraje es, ante todo, una manifestación del principio de libertad civil y autonomía de la voluntad dirigida a resolver los conflictos que puedan surgir y que a voluntad de las partes queden excluidos para su resolución de la vía jurisdiccional, para serlo por la vía arbitral lo que supone la encomienda a un tercero para que decida en forma vinculante o bien establecer un procedimiento para su ulterior designación.

Respecto a esta segunda tesis, lo que se refleja es un concepto más tradicional respecto a la naturaleza del Arbitraje[18], cediendo un papel al Estado cuando nos encontremos ante un arbitraje.

Esta doctrina señala que el Tribunal Arbitral no responderá a los intereses de las partes, sino responderá a un interés de encontrar justicia a la controversia, dándole una calidad de Jueces Privados. Siendo que el Estado no renuncia de manera completa a esa jurisdicción particular, ya que a efectos de darle un control a sus decisiones, el Estado podrá revisar judicialmente el laudo arbitral expedido por el Tribunal.

Esta visión señala que el arbitraje contiene su autonomía respecto a la vía judicial en virtud de que esta autonomía ha sido concedida por el Estado y por lo cual autorizada por ella.

Respecto a esta tercera visión, el Arbitraje debe ser entendido como aquella institución que comparte características tanto de la teoría Contractualista y de la Teoría Publicista ello en la medida que si bien el Arbitraje nacerá a partir de pactar un convenio arbitral, una vez se de inicio al proceso arbitral esta gozará de una autonomía en su jurisdicción, siendo los Árbitros lo únicos competentes de revisar el fondo de la controversia emitiendo su decisión denominada laudo, sin embargo, a pesar de que exista una decisión arbitral que pone fin a las controversias en caso una de las partes no quiera hacer efectiva tal decisión, se deberá recurrir al Estado a través del Poder Judicial para darle eficacia a lo decidido ya que de aquella fuerza de coertio carece la jurisdicción arbitral.

Finalmente, ha surgido recientemente una teoría que establece una visión del arbitraje con un carácter netamente autónomo, al respecto Lew, Mistelis y Kröll citados por Rey Vallejo señala que esta teoría ha sido atribuida a Rubellin-Devichi, según la cual el arbitraje tiene un carácter autónomo, que evoluciona bajo un régimen «emancipado»[19].

En consecuencia, esta postura propugna por un reconocimiento del arbitraje en razón a lo que en él se hace, a lo que apunta y a cómo y por qué funciona de la manera en que lo hace. Por lo que esta visión, entiende que las normas aplicables al arbitraje se han desarrollado exclusivamente para permitir su funcionamiento.

Habiendo señalado en que radica el arbitraje, es pertinente ahora mencionar en que consiste el Laudo.

Al respecto, el Laudo viene a ser aquella decisión que emite un Tribunal Arbitral por medio del cual se resuelve las controversias sometidas a este colegiado, esto es, es aquella decisión que pone fin a una disputa, resolviéndola y afectando con ella a las partes del proceso[20].

En cuanto a su formalidad, la misma se encuentra señalada en el artículo 55° del Decreto Legislativo Nº 1071 señalando que deberá constar por escrito, ser firmado por los árbitros existiendo una presunción de quien no firma o discrepa se adhiere al suscrito, debiendo ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto.

Asimismo, en doctrina se ha realizado una tipología referida a los laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales pudiendo ser ellos:

  • Laudo Conciliatorio[21], consistente en llegar a un acuerdo conciliatorio de las partes sobre la pretensión que ejercitaron en su momento y que ahora ambos acuerdan finalizar de común arreglo;
  • Laudo Inhibitorio, comprendido como, aquella decisión por medio del cual “el árbitro podrá decidir, en cualquier momento, sobre la continuidad o no del procedimiento, pudiendo dictar ese laudo inhibitorio en una fase muy inicial del mismo, o en el laudo definitivo. No obstante, la propia naturaleza del laudo, como expresión característica que afecta a la imposibilidad de continuar el procedimiento por cuestiones de fondo, hace recomendable que se dicte en un momento inicial o con posterioridad a la excepción expuesta por el demandado”[22], y;
  • Laudo Parcial[23], entendido como aquella decisión por medio del cual el Tribunal Arbitral resuelve de forma individualizada una cuestión concreta dentro de las que se han sometido a arbitraje como por ejemplo aquéllas relativas a su propia competencia, existencia o no del convenio arbitral así como, la validez o invalidez de la cláusula de sometimiento a arbitraje.

Como ya ha sido señalado, el Arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, y como tal frente a este mecanismo se ha exigido alguna forma de control[24].

Es en este sentido que en el ámbito judicial se ha establecido una forma de control de la actividad arbitral, mediante el cual se buscará evitar un posible exceso por parte de los árbitros.

No obstante, cuando se habla del recurso de anulación, este no debe ser entendido como aquel control respecto al fondo de la controversia, ya que con ello se estaría transformando al arbitraje como una primera instancia y al poder judicial en una segunda instancia, siendo que sobre este tema se ha discutido mucho[25] llegando como conclusión que la impugnación de un laudo arbitral en vía judicial no se encuentra dirigido a revisar el fondo de la controversia, ello porque el laudo tiene la calidad de cosa juzgada.

Es así, que vía este recurso, no sería posible ingresar a discutir los fundamentos del laudo ni las decisiones que se tomen al respecto independientemente sean buenas o malas[26], ya que por autonomía de las partes son estas las que han decidido optar por este medio de solución de controversias, con lo cual resulta inconcebible transferir a la vía judicial una facultad para su revisión del fondo.

Caviano Roque menciona que “(…) la impugnación por nulidad (…) lo que procura es invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la legislación impone, y en consecuencia, los medios de impugnación no resultan (…) en principio disponibles por las partes al fundarse en cuestiones de orden público (…) se controla el cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión (…)”[27]

Razón por la cual siendo taxativas las causas de anulación las mismas que se encuentran enmarcadas en un control de legalidad externa[28] se deduce claramente que la revisión de fondo no se encuentra permitida.

Al respecto, como ha sido comentado a inicios del presente trabajo la figura del arbitraje es comprendida en base a diferentes concepciones, y en nuestro caso, el peruano, de acuerdo al Tribunal Constitucional[29] se ha establecido que el arbitraje es una jurisdicción reconocida por la Constitución por lo que deberá recoger los principios constitucionales para toda administración de justicia, indicando pautas orientadoras respecto a qué es lo que debe contener el proceso arbitral.

Sobre ello, Bustamante Alarcón[30] se ha preguntado en qué aporta a la institución arbitral el hecho de que haya sido recogida por nuestra Constitución respondiéndose que al ser acogida por la Constitución definitivamente convertirá al arbitraje “en un instituto jurídico constitucionalmente protegido” entendiendo por ella como un principio jurídico que cuente con una eficacia jurídica reforzada, debido a que de acuerdo a su punto de vista las normas jurídicas relacionadas con el arbitraje son creadas, interpretadas y aplicadas de tal manera que maximicen la figura, siempre en armonía con las demás normas que mantienen con el arbitraje.

En ese sentido, conociendo que dentro de la constitución se encuentra el principio constitucional del debido proceso, entendido este como el respeto de todos los principios y derechos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, referidos en el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).  y señalando asimismo que: (… ) el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo.”[31]

El Tribunal Constitucional ha precisado que se debe tener en cuenta que al ser el Arbitraje reconocida por la Constitución en calidad de jurisdicción deberá cumplir con el conjunto de derechos que contiene el debido proceso[32], siendo en el caso en particular con el de contar con una debida motivación, existiendo un consenso ante los operadores jurídicos que utilizan el arbitraje que la decisión que sea tomada por el Arbitraje deberá encontrarse plenamente justificada, esto es, motivada[33].

En consecuencia, mediante el recurso de anulación será completamente válido revisar que el laudo emitido cumpla con el debido proceso y en nuestro caso en particular con el de una debida motivación, ahora, ello se encontrará limitado solo a revisar la validez o invalidez del laudo en base únicamente a las causales estipuladas en la ley de la materia. Lo cual no implica como ya lo hemos señalado que so pretexto de un control de la motivación que sustente sobre el laudo, el juez de la anulación pueda ingresar a modificar el tema de fondo.

Sobre ello, Tafur Sanchez ha señalado que: “Por ello, obviamente las reglas que se fijan para estos controles deben responder a criterios lógicos y coherentes con la institución que pretenden regular, y por tanto: i) no puede aceptarse que en vía de control se amparen cuestionamientos a supuestos vicios que el mismo solicitante generó; ii) no puede pretenderse que se controle algo que el solicitante aceptó o que no reclamó en su oportunidad, ya que distorsionaría lo aceptado por la parte; y iii) obviamente el tipo de control no puede versar sobre el fondo de la decisión, ya que, por el contrario, terminaríamos convirtiendo en una quimera la “instancia única” del arbitraje para terminar en un sistema de pluralidad de instancias.”[34]

En cuanto al marco legal aplicable, debe tenerse en cuenta la Ley vigente de Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, fue elaborada con base a la Ley Modelo de la UNCITRAL o CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional) en sus siglas en español[35].

Ahora, de acuerdo al artículo 56 del citado Decreto Legislativo[36], se ha establecido lo siguiente:

“Artículo 56.- Contenido del laudo.

  1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de una laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50”.

Por lo que se desprende que por regla general se requiere que el pronunciamiento final a emitir por el Tribunal Arbitral deba ser motivado, es decir, fundamentado.

En esa línea, de acuerdo a la Constitución vigente en el artículo 139º se ha señalado de manera clara que el Arbitraje goza de una jurisdicción independiente a la judicial, encontrándonos ante una naturaleza publicista en el que la propia Constitución reconoce una jurisdicción independiente y por tal deberá gozar  de las garantías de todo órgano jurisdiccional[37].

“Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

  1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.”

Como ya ha sido señalado en nuestro caso, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en precisar que la jurisdicción arbitral deberá ser practicada respetando el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la debida motivación razón por la cual, los principios recogidos en la Constitución no serán ajenos a su práctica.

la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso”[38]

En el tema que nos compete, el deber de motivación, es un principio y derecho de la función jurisdiccional reconocida en el numeral 5 del artículo 139º de la Constitución del cual como ya ha sido señalado en reiteradas oportunidades también goza la figura del Arbitraje por lo que el deber de motivación será exigido igualmente en este último.

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(…)

  1. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.”

Sobre ello la doctrina ha señalado que la motivación: “constituye la parte más importante de la sentencia en la que el juez expone los motivos o fundamentos en que basa su decisión, es decir, las razones que lo llevaron a adoptar una u otra solución en el conflicto que estaba llamado a resolver”.[39]

Asimismo, se ha señalado que: “(…) una de las conquistas más importantes, no solo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha consistido en la exigencia dirigida al juez en el sentido de que debe fundamentar todas y cada una de sus decisiones, salvo aquellas que, por su propia naturaleza, son simplemente impulsivas del tránsito procesal. Una exigencia de este tipo impone a los otros protagonistas del proceso una serie de deberes. Así, las partes deberán sustentar todas las peticiones que formulen, o todas las absoluciones que realicen a los planteamientos de la otra parte. Asimismo, las partes deberán fundamentar los medios impugnatorios que usen, garantizando así un sistema procesal coherente, lógico y racional.”[40]

Resaltamos por consiguiente la importancia que tiene el desarrollar los fundamentos a tomar por los Tribunales Arbitrales, en la medida que con ello se garantizará el pronunciamiento de todas las peticiones que se formulen a lo largo del proceso y con ello una garantía al derecho de defensa.

Asimismo, es conveniente señalar que no toda motivación señalada por el Tribunal Arbitral será debidamente motivada y es por ello que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Lima han precisado cuando no nos encontraremos ante una debida motivación:

El Tribunal Constitucional en el expediente Nº 4348-2005-PA/TC, ha sostenido que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en  los siguientes supuestos:

“a)   Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

  1. b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
  2. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
  3. d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.
  4. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).”

Y en el expediente Nº 0728-2008-PHC/TC se ha señalado también:

  1. f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.

Asimismo, en el ámbito de la Corte Suprema se ha establecido en la Casación Nº 4544-2007-Lima la siguiente clasificación:

“En la motivación de las sentencias pueden presentarse vicios, que por ser objeto de control casatorio, estos son:

1) La falta de motivación; y,

2) La defectuosa motivación: La defectuosa motivación se divide en tres agravios: a) Motivación aparente; b) Motivación insuficiente; y, c) Motivación defectuosa en sentido estricto. Al respecto, la doctrina señala, según Olsen Ghirardi, que existen hasta tres tipos de vicios vinculados a la motivación, a saber, la motivación aparente, la cual se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación propiamente defectuosa, la cual se da cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia.”

Creemos que en primer lugar hay que destacar que de acuerdo al artículo 59 del Decreto Legislativo Nº 1071[41] en principio todo laudo arbitral es irrecurrible. Lo que no es impedimento para que las partes demanden su anulación.

Lo que quiere decir es que en los procesos arbitrales, nos encontramos ante una única instancia, no existiendo una segunda instancia ante la cual se pueda recurrir a fin de que sea revisada en su contenido, lo cual va muy relacionado a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 59 donde se señala que el laudo producirá efectos de cosa juzgada, entendiendo por ello como el efecto de que contra el laudo no existirán medios de impugnación que permitan modificarla.

Como ya ha sido señalado el laudo no puede prescindir de la debida motivación en virtud a que si fuera así existiría una vulneración de los principios rectores del procedimiento arbitral.

En segundo lugar, resulta conveniente precisar que la posibilidad de hacer un control de la debida motivación realizada por el Poder Judicial no colisiona con el Principio de Irrevisabilidad del criterio arbitral.

Ahora bien, expuesto ello, dentro de la Resolución Nº 10 expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima para el expediente Nº 002-2016-0 se ha enfatizado la diferencia entre el recurso de anulación con el recurso de apelación estableciendo que: “Es aquí donde radica la diferencia central entre el recurso de apelación y el recurso de anulación. Mientras que el recurso de apelación sí permite la revisión de los fundamentos de las partes, de la prueba y de la aplicación e interpretación del derecho (es decir, del análisis del fondo de la controversia resuelta en la resolución apelada), el recurso de anulación sólo tiene por objeto la revisión de la validez formal de los laudos”[42]

En este caso en particular, como ya hemos señalado el fundamento propio del recurso de anulación no corresponde al de corregir errores, sino garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial.

Ocurre entonces que el laudo podrá ser anulado cuando se encuentre dentro de las causales señaladas en el artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, siendo relevante para el presente análisis la siguiente causal:

“Artículo 63.- Causales de anulación.

  1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

(…)

  1. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

(…)”

En ese sentido como lo ha señalado Alva Navarro[43] el motivar una decisión tomada por el Tribunal Arbitral debe ser entendida como un deber jurídico con lo cual explicará porque se concluye de determinada manera, no sólo fundamentándose en fórmulas abstractas sino con argumentos que demuestren el criterio lógico tomado por el Tribunal para justificar su decisión.

Asimismo, sumado a lo dispuesto en el artículo 63, la duodécima disposición complementaria del Decreto Legislativo Nº 1071 dispone que mediante el recurso de anulación se podrá proteger cualquier derecho constitucional amenazado en el laudo, razón por la cual podemos concluir que dentro de nuestra legislación encontramos normas que permiten al poder judicial vía recurso de anulación ingresar a velar por la aplicación de un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y más aún contar con una debida motivación:

“DUODÉCIMA. Acciones de garantía.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.”

Puede afirmarse entonces que, por lo general, en la vía judicial se ha aceptado la posibilidad de someter a control la motivación de un laudo, pero no ha existido el mismo consenso en cuanto a los alcances que debe tener este control.

Ello debido a que para algunos este control debía limitarse a evaluar si existía algún tipo de motivación en el laudo, sin calificarla; y para otros evaluar el cumplimiento del deber de motivar requiere establecer si la motivación expuesta en el laudo ha sido la adecuada.

En ese sentido, en la práctica se ha podido observar a lo largo de las resoluciones judiciales publicadas en la página web del Poder Judicial[44] la Corte Superior de Justicia de Lima ha expedido, a modo de ejemplo, en el presente año 2017 desde enero hasta el 30 de junio un total de 108 resoluciones referidas a la materia de “Anulación de laudos arbitrales” de las cuales 65 han sido emitidas por la 1ra Sala Comercial y las otras 43 han sido emitidas por la 2da Sala Comercial.

Ahora bien, se ha observado que gran parte de aquellas resoluciones que versan sobre el análisis a los cuestionamiento de las motivaciones de los Tribunales Arbitrales en el Poder Judicial se ha venido respetando la revisión sobre la validez de los laudos arbitrales en cuanto a su carácter formal y no ingresando a cuestionar las decisiones tomadas.

Sin embargo, ha llamado la atención un caso en particular, resuelto el 07 de marzo de 2017 por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima perteneciente al expediente Nº 282-2015, donde si bien se trata de un caso donde no se encuentra como una de las partes el Estado, si es fundamental analizarlo.

El presente caso surgió a consecuencia de la interposición del recurso de anulación presentado por el Instituto de Ciencias y Humanidades contra el demandado Innova Publicidad S.A.C. fundamentándose en el literal b) inciso 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071 invocando esta causal de anulación por indebida motivación del laudo señalando entre sus razones que “existe plazo resolutorio en el contrato de venta e instalación de panel publicitario celebrado el dos de diciembre del dos mil (vinculado al primero punto resolutivo)”.

Respecto al primer punto resolutivo del laudo arbitral en cuestión se tiene que fue el siguiente: “No corresponde declarar la resolución del Contrato de Venta e Instalación del Panel Publicitario por incumplimiento imputable a INNOVA PUBLICIDAD S.A.C”; sobre ello la Sala comentó que “la árbitra adoptó tal decisión luego de determinar que no corresponde declarar la resolución del contrato de venta e instalación de panel publicitario celebrado el dos de diciembre del dos mil trece, entre el Instituto de Ciencias y Humanidades e Innova Publicidad Perú S.A.C., por contener un plazo resolutorio y los efectos del acto jurídico cesaron al vencimiento de dicho plazo como lo señala el artículo 178° del Código Civil.”

Al respecto, la Sala en el análisis del recurso de anulación, en su décimo sexto considerando estableció lo siguiente: “DÉCIMO SEXTO: Nos preguntamos si los fundamentos expuestos por la árbitro responden al punto controvertido planteado (determinar si procede o no declarar la resolución del contrato de venta), el que generó el primer punto resolutivo del laudo, consideramos que no; puesto que en la vía arbitral se planteó la resolución del contrato por incumplimiento de la prestación asumida por la demandada Innova, a la luz de lo previsto en el artículo 1428° del Código Civil 15 , lo que fue plasmado como punto controvertido. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el plazo resolutorio como modalidad del acto jurídico (artículo 178° CC), que la resolución del contrato por incumplimiento (artículo 1428° CC). León Barandiarán Hart de manera clara se refiere a ello citando a Lambías: “la denominación plazo resolutorio es impropia, porque en la terminología jurídica, la resolución borra lo ocurrido actuando retroactivamente a la fecha de constitución del derecho; a diferencia del plazo, que no opera retraoctivamente sino a partir de la fecha en que ocurre, dejando subsistir los efectos anteriores del acto al cual accede”

En ese sentido, nuestra posición es que sin entrar a analizar más a profundidad el caso en mención podemos advertir a simple vista que la Sala actuando con el respaldo de dar un control a la motivación del laudo se excedió en su competencia llegando modificar el tema de fondo, debiéndose haberse limitado a verificar que no se incurría en una indebida motivación de acuerdo a los criterios expuesto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

Es fundamental tener claro que aun teniendo razones para discrepar de la opinión del la árbitro en cuanto a la valoración de los hechos y las conclusiones expedidas en el mismo la labor del juez se encuentra limitada solo a decidir sobre la validez o invalidez del laudo no pudiendo revisar el fondo del asunto.

Evidentemente, existe en el presente caso un atentado al Principio de Irrevisabilidad[45], esto es, no pudiéndose interponer ningún recurso por ser final y definitivo,  bajo el pretexto del control de una debida motivación, ya que como ha sido señalado a pesar de no encontrarse de acuerdo con las decisiones tomadas en el proceso arbitral y en el laudo, no se puede ingresar a cuestionarlas ya que ello implicaría tácitamente figurar como una doble instancia, lo cual no se encuentra permitido.

Ahora bien, sumado a este caso reciente, veamos otro caso igualmente preocupante donde si bien no es un caso del presente año si vale la pena comentarlo.

Este segundo caso fue resuelto el 09 de abril de 2013 por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial para el expediente Nº 00238-2012 mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso el recurso de anulación contra el Consorcio Klamer Codursa.

En este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó su recurso de anulación invocando las causales previstas en el artículo 63 numeral 1 inciso b), c), d) y e) del Decreto Legislativo Nº 1071 por considerar lo siguiente: “en el presente proceso arbitral ha ordenado pagar diversos montos por concepto de mayores gastos y mayores costos con una incidencia mayor al 15% del monto suscrito en el contrato de obra, inclusive superior al mismo monto del contrato suscrito entre Provías Nacional y el Consorcio Klamer-Codursa (los que) no pueden ser otorgados por el Tribunal Arbitral, por lo que el laudo no se encuentra en armonía con las normas del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (…) son imposibles jurídicos, encontrándose claramente diversas causales por las cuales, lo resuelto por el Tribunal son materias no arbitrables. En primer lugar, encontramos que los montos otorgados a favor del Consorcio a través del laudo materia de anulación, requieren de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República (por lo que) conlleva un pronunciamiento sobre una materia que no es arbitrable porque es inherente a las facultades ius imperium del Estado, consistente en la potestad administrativa de autorizar previamente la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra.”

Respecto a este tema, el Contratista manifestó que la demandante baso su demanda en aspectos de fondo de la controversia precisando que no podrían basar su posición en aspectos de fondo de la controversia.

Respecto a este tema la Sala declaró fundada en parte  el recurso de anulación relativo al pago de los trabajos ejecutados y mayores costos irrogados en la ejecución del contrato indicando que resolvió que lo que se trataba en realidad era de Adicionales de Obra por lo que no debía haber ningún pronunciamiento sobre el tema en el laudo.

Este tema es trascendente pues la autoridad judicial realizando su propia interpretación y no restringiéndose a lo resuelto por el Tribunal Arbitral modificó la interpretación realizada en sede arbitral. Asimismo, creemos como nuestra posición que lo resuelto por la autoridad judicial vulneró gravemente el principio de no revisión del fondo del asunto, ya que como se ha señalado esta autoridad debió limitarse a evaluar si existía algún tipo de motivación en el laudo mas no ingresar a su contenido para modificarla ni mucho menos calificarla.

De otro lado, este pronunciamiento resulta interesante debido que a consecuencia de ello la parte demandada el Consorcio Klamer Codursa interpuso recurso de Casación contra la sentencia antes citada que declaraba fundada en parte la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones sostenido entre otros argumentos que: se aplicó de forma indebida la Ley de Contrataciones del Estado para sustentar el carácter no arbitrable de la materia sobre la cual se ha resuelto en el laudo, en razón a que la Sala partió del equivoco de asimilar cualquier costo a la categoría de adicionales de obra. Así como, que la Resolución impugnada sustenta una decisión en establecer  que los sobre costos incurridos es un concepto idéntico a lo que se denomina prestaciones adicionales donde sostiene que esta inferencia es una interpretación que lesiona la tutela efectiva sobre el convenio arbitral suscrito entre las partes.

Con motivo de este recurso la Corte Suprema de Justicia de la Republica Sala Civil Permanente mediante la Sentencia Cas. Nº 2391-2013-LIMA de fecha 22 de noviembre de 2013  concluyó declarando infundado el recurso de casación resolviendo que la prestación adicional de obra es aquella no es considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.

Como puede observarse, el criterio desarrollado por la Corte Suprema en este caso ha sido confirmar el análisis realizado por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial.

Al respecto, creemos que los criterios adoptados en esta resolución resultan peligrosos pues implica nuevamente una evaluación al fondo del asunto y con ello, se introduce un margen proscrito por ley, referido al de revisión del fondo del asunto, razón por la cual en este caso consideramos que las decisiones tomadas por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial y la Corte Suprema de Justicia de la Republica Sala Civil Permanente han vulnerado el principio de seguridad jurídica al no comprender las diferentes naturalezas de las jurisdicciones, judicial y arbitral.

CONCLUSIONES

Teniendo en consideración los temas que han sido desarrollados en el presente ensayo, se ha llegado a las siguientes conclusiones respecto a la aplicación del principio de la debida motivación en los cuestionamientos a los laudos arbitrales vía recurso de anulación.

Una primera conclusión importante es que la autoridad judicial no cuenta con atribuciones para que ingrese y evalúe las decisiones de los Tribunales Arbitrales respecto a las decisiones tomadas en el laudo, o del análisis efectuado a los medios probatorios volviendo a realizar una nueva valoración.

Ello ha sido reconocido en la propia Constitución, donde se le reconoce como una jurisdicción alterna a la judicial la cual por su propia naturaleza no es pasible de una revisión ya que ello conllevaría a convertirse en una segunda instancia. Lo que no significa que no exista un control, ya que este control sí existe porque así ha sido señalado en su marco legal no siendo este cualquier control debido a que no podrá revisarse el fondo de la controversia.

La segunda conclusión importante es que el artículo 139° numeral 5 de nuestra Constitución establece que la motivación es un principio jurisdiccional que deberá contener los fundamentos de ley y de hecho en que se sustentan, y que sumado a lo ya establecido por el Tribunal Constitucional respecto a la figura del arbitraje deberá también aplicarse en este último, por lo que a la hora de realizarse el control respectivo al cumplimiento de este principio, deberá ser realizado respetando la institución jurídica del arbitraje lo cual determinará que sea un control de motivación por defectos externos, conforme a las pautas indicadas por el Tribunal Constitucional.

La tercera conclusión del presente trabajo es que se ha evidenciado que poco a poco se viene evidenciando que la autoridad judicial so pretexto de realizar un control a la motivación se está dando ingreso a la revisión de fondo de la controversia lo cual de por sí ya genera una preocupación a los operadores jurídicos ya que ello atenta contra la institución arbitral y porque con ello se evidencia una transgresión a la seguridad jurídica.

Finalmente, la cuarta conclusión es que casos como los desarrollados en la presente investigación advierten que es necesario que las autoridades judiciales tengan más claros sus límites para la revisión de las motivaciones en los laudos arbitrales, para lo cual deberán simplemente basarse en las razones expuestas sobre la indebida motivación, quedando claro que estos límites para revisar la motivación imponen el respeto a la seguridad jurídica y a la naturaleza de la jurisdicción arbitral.

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(2) SOTO Coaguila, Carlos. Comentarios a la Ley General de Arbitraje del Perú – Ley N° 26572.  En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo.  Perú: Magna Ediciones, 2008. pp. 4-5 ISBN: 978-9972-2641-2-2; nos brinda un recuento del desarrollo de esta figura en nuestra normativa nacional, desde el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912, que hacía referencia al denominado “juicio arbitral”, como el Código Civil de 1984 donde se destinó en el Título XI de la Sección Segunda del Libro VII a tratar la materia arbitral, siendo derogado y sustituido por la Ley N° 25935 en 1992, como un intento de dar un mayor espacio y profundidad al tratamiento del arbitraje. Posterior a ello la nueva Ley General de Arbitraje – Ley Nº 26572, publicada el 05 de enero de 1996, “fue redactada tomando como base la ley modelo de la UNCITRAL de 1985 expedida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y optó por regular de manera separada el arbitraje nacional o doméstico del arbitraje internacional”. Actualmente, desde el 1 de setiembre de 2008, contamos con una nueva Ley de Arbitraje, aprobada por el Decreto Legislativo 1071, que ha armonizado nuestro sistema arbitral con las soluciones modernas.

([2]) MARTÍNEZ, J.  Fortaleciendo el Arbitraje en el Perú: Medidas Cautelares y Publicidad de los Laudos.  Revista de Economía y Derecho, Vol. 10, Nº 37, 2013 Pagina 157, ISSN: 1729-7958

([3]) SEGURA España, M.  Arbitraje de inversión: ¿Un incentivo para la inversión extranjera directa?  Revista De Derecho Privado, (51): 10, 2014 ISSN: 1909-7794

([4]) BRICEÑO Berrú, J.  Teoría y praxis del arbitraje comercial internacional en América Latina.  Agenda Internacional, Vol. 18 Nº 29, 2011, Pagina 324 ISNN 1027-6750

([5]) Entiendase por Tribunal Arbitral al Árbitro Único o al Colegiado compuesto por tres árbitros.

([6]) ARENILLA, Shirley.  El rol del principio de competence-competence en la prevención de tácticas dilatorias en el arbitraje comercial internacional / the role of the «compétence -compétence» principle on the prevention of dilatory tactics in the international commercial arbitration. International law, (24): 148, 2014 ISNN 1692-8156

([7]) PERALTA-VALDIVIESO, I. El principio de Kompetenz-Kompetenz desde la perspectiva del caso First Options v. Kaplan. Anuario De Justicia Alternativa, Nº 13, 2015 Paginas 212-213 ISSN: 1578-3162

([8]) BRICEÑO.  Op. Cit. Pág . 319

([9]) ARENILLA.  Op. Cit. Pág. 149

([10]) FERNANDEZ Rozas, José. El Convenio Arbitral entre la estabilidad y el desarrollo. Estudio de Arbitraje. Editorial Jurídica de Chile. 2006. Pág. 697 ISBN 956-1017385

([11]) Mecanismo donde un tercero ajeno a las partes será el que se encargue de solucionar el conflicto.

([12]) Conforme al Decreto Legislativo N° 1071 Decreto Legislativo que norma el arbitraje esta libertad por parte de los pactantes abarcará entre otras cosas la posibilidad de nombrar a los árbitros, así como pactar el lugar y las reglas a que se sujeta el proceso arbitral.

([13]) DOMÍNGUEZ Guillén, M.  La indefensión y la inmotivación como causa de nulidad del laudo arbitral en el derecho venezolano. Revista De Derecho Privado (0123-4366), Nº 31. 2016 Pág. 238-239 ISSN: 1909-7794

([14]) TAFUR Sánchez, S. Los Nuevos Precedentes Para El Control Constitucional Del Arbitraje. Revista De Economía Y Derecho, Vol.9 Nº 39, 2012.  ISSN: 1729-7958.

([15]) GONZALES De Cossio. Crónica de Arbitraje en México, Porrúa, México D.F. (2011) Citado en Rey Vallejo, P. El Arbitraje y los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica: Un Estudio Sobre Formalización y Judicialización. Vniversitas. Nº 126. 2013. Pág. 208 «La discusión sobre la naturaleza del arbitraje dista de ser bizantina o una tormenta en un vaso de agua, con pocas ramificaciones prácticas. Tiene consecuencias prácticas importantes: la respuesta que los practicantes de la materia dan a problemas suscitados con esta materia. A su vez, la postura que las judicaturas locales deben tomar con respecto a esta institución»

([16]) REY Vallejo, P., Íbidem citando a René David y Philippe Eouchard señala “que en Francia el arbitraje se ha definido como un instrumento con el que se resuelve una controversia cuyo interés radica en dos o más personas, que se somete al conocimiento de árbitros que derivan sus poderes de un acuerdo privado, no de las autoridades de un Estado, y que deben resolver dicha controversia con base en el citado acuerdo”[16]. Asimismo, la doctrina ha señalado que dentro de esta tendencia se encuentra el “tratadista italiano Alfredo Rocco, quien considera el arbitraje como una transacción anticipada, así como a Chiovenda y Betti, quienes estiman que los árbitros no ejercen función jurisdiccional y que el laudo arbitral, así tenga los mismos efectos de una sentencia judicial, no es de tal categoría”.

([17]) ALEGRET Burgués, M.  El principio de congruencia en el procedimiento arbitral. Anuario De Justicia Alternativa, Nº 13. 2015 ISSN: 1578-3162

([18]) REY Vallejo. Op. Cit. 204 señala: “En lo referente a esta (…) visión, se expone que la doctrina más tradicional ubica el arbitraje en el terreno de lo procesal porque el proceso trata de resolver conflictos mediante la decisión de un tercero que es un juez.”

([19]) REY Vallejo, Op Cit.  208

([20]) DE NADAL Elisabeth. Socia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Barcelona. En: Castillo Freyre, Mario et ali. Diccionario terminológico del arbitraje nacional e internacional – comercial y de inversiones (autores diversos). Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Volumen N° 18, Palestra Editores y Estudio Mario Castillo Freyre. Lima, 2011, Página 700; “El laudo es una decisión de los árbitros. Pero, hay que distinguirla de otras decisiones o resoluciones que los árbitros toman a lo largo del procedimiento. Es laudo la decisión que pone fin a una cuestión objeto de disputa, resolviéndola. Es siempre una resolución de fondo (no meramente procedimental) que afecta a los derechos de las partes del proceso que, generalmente, será susceptible de ser ejecutada por los tribunales”.

([21]) MONTESINOS García, Ana. Profesora Contratada Ramón y Cajal, de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia. En: Castillo Freyre, Mario. et ali. Op. Cit. Páginas 703-707.

([22]) ROLDÁN Vicente, abogado Socio de Antonia Magdaleno Abogados.  En: Castillo Freyre, Mario. et ali. Op. Cit. Pág. 708.

([23]) CLAROS Alegría, Pedro. Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Madrid. Claudia Velasco Papineschi. Abogada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira En: Castillo Freyre, Mario. et ali. Op. Cit. Pág. 709.

([24]) TAFUR Sánchez, S. Los Nuevos Precedentes para el Control Constitucional del Arbitraje. Revista De Economía Y Derecho, Vol. 9 Nº 33, 2012 Pág. 49 ISSN: 1729-7958 “En conclusión, nos ratificamos en el sentido de que el arbitraje, como cualquier otra institución, no puede estar exento de control; sin embargo, este no puede ejercerse de manera que le reste sentido y lógica al sistema arbitral, de lo contrario lo convierte en un mecanismo absolutamente ineficaz, y parece que hoy el Tribunal Constitucional ha dado pasos importantes en este sentido.”

([25]) BRICEÑO Berrú, J. E. Teoría y praxis del arbitraje comercial internacional en América Latina. Agenda Internacional, Vol. 18 Nº 29, 2011. Páginas 327-328 ISSN: 1027-6750 “Las legislaciones latinoamericanas sobre la materia, siguen muy de cerca estos principios. A título de ejemplo la Ley de Arbitraje de Bolivia, al tratar del «recurso de anulación» del laudo arbitral dice textualmente en su artículo 62 que: «Contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral, debe fundamentarse y basarse exclusivamente en las causales señaladas en el siguiente artículo». Y el artículo 63 no hace otra cosa que, con ligeras variantes, repetir las «causales de anulación» previstas por la Ley Modelo UNCITRAL (…)a Ley de Arbitraje de Chile, fiel reflejo de la Ley Modelo UNCITRAL, empleando su mismo lenguaje, dispone en su artículo 34 que: «Contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad». En esta misma onda la Ley peruana de Arbitraje, dispone en su artículo 62 que: «contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63»; y la venezolana, que: «Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad»

([26]) LEDESMA Narvaez, Marianella. Laudos Arbitrales y Medios Impugnatorios. En: Cuadernos Jurisprudenciales. Gaceta Jurídica, Lima. Noviembre 2005. Ha señalado que: “Por medio del recurso de anulación no es posible discutir los fundamentos del laudo ni el acierto de sus disposiciones, porque no se transfiere al tribunal revisor la facultad de decidir, que es exclusiva de los árbitros, porque las partes han querido precisamente excluir a los tribunales de intervención, que sólo aparece justificada para garantizar el cumplimiento de unas garantías mínimas, que son precisamente las que tratan de salvaguardar los motivos por los que pueden interponerse.”

([27]) ROQUE J. Caviano, “Los Laudos Arbitrales y su impugnación por nulidad”, en Jurisprudencia Argentina, N° 5869, 23 de febrero de 1994, pág. 10.

([28]) VÉLEZ Fraga, M., & Gómez-Iglesias Rosón, L. La anulación de laudos arbitrales por vulneración del orden público en las recientes resoluciones del tribunal superior de justicia de madrid. Actualidad Juridica, Nº 43, 2016, Pág. 86 ISSN:1578-956X “La acción de anulación se configura, en ese contexto, como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros. Como indicó el Tribunal Constitucional en relación con la entonces vigente Ley 36/1988 de Arbitraje, «al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse éstas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo» (SSTC de 23 de noviembre de 1995 y de 30 de abril de 1996).”

([29]) Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N.° 01064-2013-PA/TC fundamentos 17 y ss.

([30]) BUSTAMANTE Alarcón, R. La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Derecho PUCP, Nº 72, 2013. Pág.  395. ISSN: 0251-3412.

([31]) Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/04944-2011-AA.html

([32]) Derecho al juez natural, derecho de defensa, derecho a la impugnación, derecho a probar, derecho a la motivación de la decisión, etc

([33]) DOMÍNGUEZ Guillén, M. C. (2016). La indefensión y la inmotivación como causa de nulidad del laudo arbitral en el derecho venezolano. Revista De Derecho Privado. Nº 31, 2016 Páginas 246-247. ISSN: 1909-7794

([34]) TAFUR Sánchez, S. Los Nuevos Precedentes para el Control Constitucional del Arbitraje. Revista De Economía Y Derecho, Vol. 9 Nº 33, 2012, Pág. 38 ISSN: 1729-7958

([35]) Como ya ha sido señalado, la Ley General de Arbitraje – Ley Nº 26572, publicada el 05 de enero de 1996, así como el Decreto Legislativo Nº 1071 de fecha 01 de setiembre de 2008, fueron redactadas tomando como base la ley modelo de la UNCITRAL de 1985.

([36]) Dentro de la Ley Modelo de la UNCITRAL se indicó:

“Artículo 31.- Forma y contenido del laudo

(…)

2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos

que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de

un laudo pronunciado en los términos convenidos por las

partes conforme al artículo 30.

3) Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el párrafo

1) del artículo 20. El laudo se considerará dictado en ese lugar.

(…)”

([37]) STC 3741-2004-AA/TC, fundamento 9. “por el contrario, la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de unidad de la Constitución, considerando el artículo 51.º (…), más aún si ella misma (artículo 38.°) impone a todos –y no solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y defenderla”

([38]) STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 9

([39]) COUTURE, Eduardo J. (20144). Vocabulario jurídico, 3ra edición, ampliada y actualizada por Ángel Landoni Sosa. Buenos Aires: Editorial B de F. Pág. 510.

([40]) MONROY Gálvez Juan. Introducción al Proceso Civil. Temis, Santa Fe de Bogota, 1996, Pág. 82-83

([41]) “Artículo 59.- Efectos del laudo.

  1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.”

([42]) Resolución Nº 10 Nº 002-2016-0 Disponible en: https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resolucion-busqueda-resultado-superior.xhtml

([43]) ALVA Navarro Esteban. La anulación del laudo. Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Volumen n° 14, Palestra Editores, Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Estudio Mario Castillo Freyre. Lima, 2011 Pág. 159 “El deber de motivación, en medio de este escenario, impone al árbitro la carga de justificar su decisión: si cree que la pretensión de demandante o demandado es justa, deberá explicar suficientemente por qué lo considera así; y no sólo a través de la exposición de simples fórmulas abstractas o construcciones que excusen su fallo, sino mediante un discurso lógico que permita cabalmente justificar su decisión.”

([44]) Disponible en: https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resolucion-busqueda-resultado-superior.xhtml

([45]) ALVA Navarro Esteban. La anulación del laudo. Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Volumen n° 14, Palestra Editores, Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Estudio Mario Castillo Freyre. Lima, 2011 Pág. 69 “La voluntad de las partes, manifestada en el convenio arbitral, de renunciar a la jurisdicción estatal y someterse a la competencia de los árbitros para la solución del conflicto, carecería absolutamente de sentido si después de dictado el laudo, se permitiera que, al conocer el recurso de anulación, los jueces pudieran analizar el fondo de la controversia resuelta en el arbitraje.”

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